Los bienes patrimoniales son aquellos bienes de titularidad pública que no forman parte del dominio público ni están afectados a un uso o servicio público directo. Las administraciones los gestionan como cualquier otra entidad privada: pueden ser objeto de compraventa, arrendamiento, hipoteca, transmisión y explotación económica.
Los bienes patrimoniales incluyen viviendas, locales, solares, terrenos, vehículos y valores que pertenecen al Estado, autonomías, ayuntamientos o entes públicos, pero cuya finalidad no es el uso colectivo ni el servicio público. Su régimen jurídico es más flexible, permitiendo la gestión activa y la incorporación al tráfico patrimonial.
